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Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, con el jefe de su partido, el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba
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Mercedes Benítez / Abcdesevilla.com
La Junta de Andalucía reduce la religión, excluye a sus profesores, recorta la educación diferenciada o a Cáritas y quiere quedarse la Mezquita de Córdoba...
El Estatuto de Autonomía andaluz consagra, al igual que la Constitución, la prohibición de cualquier discriminación por razones de credo y también consigna que los poderes públicos andaluces deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Sin embargo, el bipartito PSOE-IU —que se autodenomina Gobierno de progreso y que pregona su laicismo— ha emprendido una especie de cruzada en la que el blanco de todos los dardos siempre suele ser la religión. La católica, claro está.
De hecho, en los últimos tiempos en el punto de mira de la Junta de Andalucía han estado los profesores de religión, la Mezquita de Córdoba, la educación concertada e incluso la organización de acción caritativa Cáritas, entre otros.
La asignatura de religión
Sin duda ha sido la gran damnificada de la batalla que el Ejecutivo andaluz ha emprendido contra la Ley Wert, la Lomce.
Además de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, la Junta ha iniciado una lucha más sibilina contra la polémica Ley del PP. Directamente cortó por lo sano y redujo al mínimo las horas de religión.
La Consejería de Educación anunciaba hace semanas su intención de recortar el horario de esta materia de tal manera que la asignatura quedaría reducida a un tercio, con lo que los escolares de Primaria la recibirían una hora a la semana frente a las tres actuales.
Los profesores de religión
Pero la reducción de las horas de la materia no es la única vía por la que han hecho efectivo el ataque contra un colectivo, el de los profesores de esa materia, que llevan años sufriendo recortes.
El último capítulo se produjo cuando el pasado octubre Educación decidía prohibir que los profesores vigilaran los recreos como el resto de profesores.
La decisión era justificada desde la Junta e incluso por su presidenta, Susana Díaz, en que los profesores «los elige la Iglesia» y por ello no pueden cuidar el recreo ya que se trata de una tarea que está dentro de las funciones de «tutoría».
La orden no solo sembró la polémica, sino que provocó la protesta de estos profesores que se consideraban desplazados de sus tareas.
Educación diferenciada
Los colegios que separan a los niños de las niñas no le han gustado nunca a la Junta. Unos centros que, en la mayoría de los casos, pertenecen a órdenes religiosas y dan servicio a muchas familias que por razones ideológicas consideran esa la mejor opción.
En Andalucía quedan una docena de colegios concertados (además de los privados) con ese modelo.
Sin embargo el Ejecutivo andaluz decidió en septiembre de 2012 eliminar los conciertos con esos colegios basándose en un fallo del Tribunal Supremo. Y dos años después sigue negándole el concierto por lo que los padres de los doce centros andaluces firmaron hace unos días un manifiesto conjunto por la diferenciada.
A la concertada, la mayoría en manos de religiosos, también siguen reduciéndole las plazas.
La Mezquita-catedral
Es una de las batallas más enconadas. La Junta pretende que la Mezquita Catedral de Córdoba, que siempre ha estado en manos de la Iglesia, sea de titularidad pública. De momento está abierta la negociación pero el Gobierno de Díaz quiere la titularidad del monumento aunque la gestión siga en manos de la Iglesia.
De la catedral al Albaicín
Se trata de un conflicto más local pero también tiene su trasfondo. En Granada el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento quiere que una parte del precio de las entradas a la Catedral y Capilla Real granadinas también se destine a la rehabilitación del milenario barrio del Albaicín.
Cáritas
También esta organización de la Iglesia ha sufrido los envites de la Junta. Hace ya un par de años la Junta dejó en suspenso su convenio con Cáritas Andalucía. Una ayuda que suponía 1,49 millones de euros al año y que Cáritas destinaba a mantener en funcionamiento los centros de acogida de personas sin hogar. Y eso sin contar que Diego Valderas intentó controlar el banco de alimentos.
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