La presidenta de la Comunidad de Madrid, la mundialista ultraliberal Cristina Cifuentes, ha cumplido su amenaza y ha comenzado a reprimir la libertad de expresión a base de multas sirviéndose de la llamada ley contra la LGTBIfobia.
La Comunidad de Madrid ha sancionado al director del colegio católico Juan Pablo II de Alcorcón, Carlos Martínez, con una multa de 1.000 euros por una carta que envió a los alumnos y a las familias del centro en la que advertía acerca de la ideología de género y denunciaba los intentos de imponer una ideología a fuerza de sanciones, como de hecho está ocurriendo.
Martínez se ha convertido así en la primera víctima de la ley contra la LGTBIfobia aprobada el pasado mes de julio en la Asamblea de Madrid.
La Consejería de Políticas Sociales ha considerado que el director de este centro católico debe ser sancionado por una infracción leve de la ley tras haber expuesto en una carta su punto de vista sobre la ideología de género y la ley contra la "LGTBIfobia". Ahora el director del colegio dispone de quince días para presentar alegaciones.
El director del mencionado centro ha sido sancionado por escribir:
“Qué barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los hijos! ¡Qué dogmatismo acusar de discriminación a quien piensa diferente! ¡Qué despropósito pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones! La mentira siempre tiene miedo a la luz de la verdad y al contraste de las ideas. El parecido con el fanatismo terrorista es inquietante.”
La persecución contra el centro católico Juan Pablo II y su director comenzó el pasado mes de septiembre, cuando en una carta a las familias del colegio se señalaba que "nuestros políticos se entretienen en generar problemas inexistentes y complicar las cosas" y en lugar de "defender la familia y nuestras raíces cristianas", se ocupan en desarrollar "legislaciones tan absurdas como la Ley de Ideología de Género aprobada en la Asamblea de Madrid".
Además, el director del centro calificaba de "despropósito" el pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones, y celebraba el hehco de que existan "obispos valientes que tienen clara su función pastoral de educadores y testigos de la verdad", en referencia a los obispos de Alcalá de Henares y Getafe que condenaron el "ataque a la libertad religiosa y de conciencia" que suponen las leyes LGTB aprobadas en los últimos meses en la Comunidad de Madrid, y que posteriormente fueron acosados por los colectivos LGTB).
Precisamente, tras una denuncia de una asociación LGTB, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ordenó una inspección al colegio y la Consejería de Políticas Sociales abrió una investigación para evaluar si el contenido de la carta conculcaba la ley contra la “LGTBfobia”. Además, la Comunidad de Madrid envió a la Fiscalía la carta para que investigara si su contenido incurría en posible delito.
Sin embargo, la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid concluyó que la carta del director del colegio Juan Pablo II no vulneraba la normativa que rige los conciertos y que no había, por tanto, motivo para la revocación del concierto educativo. Asimismo, la inspección comprobó que las familias del colegio Juan Pablo II consultadas afirmaban estar "muy contentas" con la educación que sus hijos reciben en este centro de ideario católico.
A pesar de ello, la Comunidad de Madrid presidida por la popular Cristina Cifuentes, parece decidida a dejar clara su intención de reprimir cualquier intento de expresar y defender opiniones y creencias que contradigan la dictadura ideológica mundialista y su ingenieria social a base de ideología de género y LGTB.
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