Izquierda Unida va a registrar en el Congreso una proposición de ley integral de la memoria democrática y de reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo y la Transición que, entre otras cosas, plantea derribar la gran cruz que corona el complejo del Valle de los Caídos y sacar del mismo no sólo los restos del dictador Francisco Franco, sino también los del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, recoge La Vanguardia.
Respecto al Valle de los Caídos, IU propone que sea directamente gestionado por Patrimonio Nacional, que se desacralice, se rebautice como 'Valle de Cuelgamuros" y se convierta en un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo y del que desparezcan mediante desmantelamiento o demolición los "elementos incompatibles con un Estado democrático", incluida la monumental cruz que lo preside.
Además, apuesta por sacar de allí no sólo los restos de Franco, como ya prevé el Gobierno de Pedro Sánchez, sino también los de Primo de Rivera que, según el informe de expertos que quiere aplicar el Ejecutivo actual bastaría con que fueran trasladados a un lugar no preeminente de la Basílica.
IU quiere obligar al Estado a atender todas las reclamaciones de exhumación de los familiares de los republicanos enterrados en el lugar y encargar un estudio científico sobre el estado de estos restos y un eventual nuevo emplazamiento de los mismos.
IU persigue reformar el artículo 510 del Código Penal relativo a los delitos de odio para castigar a quien trivialice o enalteza no sólo los delitos de genocidio, sino específicamente "los crímenes del fascismo, el franquismo y la dictadura".
 
La ley incluye también una disposición para derogar el Concordato con la Santa Sede de 1953 y los acuerdos de 1976 y 1979 para sustituirlos en un año por un nuevo acuerdo bilateral "basado en los principios de laicidad e igualdad entre hombres y mujeres" bajo la premisa de que España no se puede permitir tener en vigor por más tiempo un acuerdo que tiene su origen en una "sanguinaria dictadura" y que da privilegios a la Iglesia Católica en un Estado aconfesional.
Asimismo, establece un régimen de sanciones con multas que pueden oscilar entre los 50 y los 50.000 euros dependiendo del tipo de infracción, destacando, entre las muy graves las excavaciones sin autorización, la construcción o remoción de terreno sin autorización allí donde haya restos de desaparecidos o la destrucción de fosas.
En una de sus disposiciones persigue reformar el artículo 510 del Código Penalrelativo a los delitos de odio para castigar a quien trivialice o enalteza no sólo los delitos de genocidio, sino específicamente "los crímenes del fascismo, el franquismo y la dictadura". Actualmente las penas van de 1 a 4 años de prisión y multas de 6 a 12 meses, pero IU plantea cambiarlas por penas de prisión de 6 meses a un año y trabajos para la comunidad de 15 a 30 días.