Cuando en la calle, en las redes sociales, en los medios de comunicación o incluso en los debates políticos se habla en España de regulación del aborto, a menudo la pasión dificulta el entendimiento entre dos posturas antagónicas que esgrimen máximas en torno al progreso, la autonomía, el respeto, la imposibilidad de negociar,…
Aunque se trata de leyes, poco suelen tocarse en estas conversaciones los aspectos jurídicos: la Constitución como marco a respetar, la jurisprudencia española y europea como guías,…
Hasta el punto de que el vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas ha declarado hoy que desde el 1985 (año en que se aprobó la primera ley del aborto española) no ha habido debate jurídico en la sociedad ni en la política.
“Ha habido un debate ideológico y esto es lo que hay que cambiar”, ha dicho en la presentación de un
manifiesto de cerca de 300 juristas en apoyo al
Anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.
Han sido los juristas –casi 300- los que han recordado que el concebido tiene el derecho constitucional a la protección de su vida y el Estado la obligación de tutelarla, y que el aborto no es un derecho de la mujer según la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Cuarenta catedráticos, decenas de abogados de distintos colores políticos y de toda la geografía española, jueces, senadores, fiscales,… se han organizado de una manera espontánea para reclamar que la
reforma de la ley del aborto en curso sirva para que el Estado se responsabilice de tutelar los derechos fundamentales.
Porque consideran el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los derechos de la Mujer Embarazada “una oportunidad única para que la sociedad avance en el plano ético y social con el pleno reconocimiento de los derechos jurídicos del concebido y la protección social de la mujer ante la maternidad”.
“La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene que estar en el debate”, ha dicho Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del tribunal que tiene pendiente desde hace más de cuatro años recursos de inconstitucionalidad contra la ley vigente.
Por su parte, la abogada del Estado Verónica Ester Casas, ha declarado en la rueda de prensa de presentación del manifiesto este miércoles en Madrid que los españoles no van a perder ningún derecho porque “no existe el derecho al aborto ni a nivel español ni a nivel europeo”.
El también vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional José Gabaldón ha destacado en este sentido que “la ley tiene que estar sometida al derecho, pues si no, se estaría en una dictadura” y que el derecho debe aproximarse a la realidad, a la naturaleza de las cosas, y en este caso debe tener en cuenta la realidad científica actual, que pone de manifiesto que desde la concepción hay un ser humano viviendo.
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