El Arzobispo de Madrid y su auxiliar, el de Getafe y su auxiliar y el de Alcalá no han abierto la boca aún ante una de las leyes más totalitarias de la historia de España, que también se va a aplicar en los colegios privados y concertados.
Atronador silencio que provoca orfandad. Es la sensación generalizada de los católicos madrileños ante la falta de declaraciones de los obispos condenando la ley que la Asamblea de Madrid aprobó ayer por la tarde, con un solo voto en contra.
“Una de las leyes más totalitarias de la historia”. Así han definido los expertos la ley de transexualidad que ayer aprobó la cámara autonómica. Sin embargo, a pesar de que la ley pisotea la naturaleza y supone un obstáculo insalvable para la libertad de los padres, los pastores no han abierto aún la boca.
Sí ha hablado en numerosas ocasiones el Obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig, sobre esta cuestión, orientando siempre a su prole. De hecho, como decíamos ayer, hace pocos dias salia al paso de la cuestión de los vientres de alquiler.Son cinco los obispos cuya jurisdicción forma parte del ámbito de aplicación de la ley. El Arzobispo de Madrid, el metropolitano Carlos Osoro, su auxiliar, Juan Antonio Martínez Camino, el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, el de Getafe, Joaquín López de Andújar y su auxiliar José Rico Pavés. A estas horas, salvo error por parte de este redactor, ninguno de ellos ha salido a defender a su grey frente a lo que supone una intromisión inaceptable en la familia y la infancia por parte del poder político.
El problema es que quizá no son conscientes los obispos de que esta ley es una amenaza aterradora para cualquier padre de familia. Quizá no les importa. Tal vez piensan que ellos no tienen hijos, y que son al fin y al cabo los laicos quienes van a sufrir tan ominosa ley. Y así es. Ellos, mientras tanto, tienen muchas batallas más importantes que dar. ¿Acaso no tienen que defenderse de la agresión anticlerical de querer cobrarles el IBI? ¿No es más importante defender el modelo de financiación de la X, que les permite no depender del sustento de los fieles?
La ley que se ha aprobado. ¿Qué supone?
Un texto que parte de la base ideológica de que el sexo-género de una persona “no es un concepto puramente biológico, sino sobre todo psicosocial”. Así, se ha de otorgar soberanía a la “voluntad humana” para designar el sexo-género que se elige sobre cualquier otra consideración física y se considera la propia determinación del sexo-género un derecho fundamental.
Por eso –y después de criticar que durante años la Medicina haya considerado la transexualidad como una enfermedad o un trastorno de identidad sexual- la ley acordada aboga por una “definitiva despatologización de la transexualidad y la consideración de la misma como una más de las manifestaciones de la diversidad sexual del ser humano”.
¿Cómo?
A través de la definición de la transexualidad, el listado de actuaciones consideradas discriminatorias hacia las personas trans, la puesta en marcha de medidas educativas, sanitarias y laborales, todo ello adornado por una enorme carga ideológica, con nula base científica.
¿Quién es trans?
Toda persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer”. El término trans ampara múltiples formas de expresión de la ley de identidad de género o sub categorías como transexuales, transgénero, travestis, variantes de género, queer o personas de género diferenciado, así como a quienes definen su género como “otros” o describen su identidad con sus propias palabras”.
Con esta amplia definición en la mano, asomarse al nuevo marco legal que se pide para este ‘colectivo’, supone aceptar, entre otras cosas, que cada uno puede construir su propia identidad de género sin que “sea necesario acreditar en ningún caso la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico”.
Curiosa cuestión, teniendo en cuenta que otra de las medidas que contempla el texto es que en los espacios tanto sanitarios como deportivos y educativos –hospitales, vestuarios, gimnasios…- se debe respetar la identidad de género que cada persona refiera a la hora de hacer uso de los espacios separados por sexo. Es decir: chicos en el vestuario de las chicas, y viceversa. Del mismo modo, toda persona cuya identidad de género sea la de mujer y acredite tal condición podrá acceder en condiciones de igualdad a los recursos existentes para las mujeres víctimas de malos tratos.
¿Y los menores y la escuela?
“En lugar de establecer prohibiciones que atentarían contra los derechos de los menores afectados y constituirían un maltrato, o de fijar barreras de edad que no tienen en cuenta el desarrollo individual de cada menor, se establece un sistema de atención individualizado y basado en las necesidades específicas de cada menor, y en el que se provee delos oportunos tratamientos en el momento adecuado en atención a su desarrollo”. Es decir, se proporcionará terapia hormonal a las personas trans, bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y tratamiento hormonal cruzado y la negativa de los padres a este tratamiento podrá ser recurrida ante la autoridad judicial si se estima que hay perjuicio o sufrimiento para el menor.
Pero además, se instará a los colegios y centros educativos a poner en marcha los recursos educativos y psicológicos necesarios para “la detección temprana de aquellas personas en educación infantil que puedan estar incursas en un proceso de manifestación de su identidad de género, con el fin de elaborar un posible plan de acción para la integración del alumno en el centro”. Así, la ley señala que los centros educativos deben, por ejemplo, “dirigirse al alumnado trans por el nombre elegido por éste o, en caso de no estar emancipado o no contar con la suficientes condiciones de madurez, el indicado por alguno de sus representantes legales”. También contempla el respeto a la imagen trans que elija cada alumno y, en caso de haber uniforme, a elegir el que más se adecúe a su identidad sexual.
La ley contempla también “transformar” los contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica basadas en la identidad o expresión de género en los colegios, “tanto públicos como concertados”. Y, ya en los procesos de adopción, la realidad de las personas trans se configura de la siguiente forma: “En la valoración de idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar, no exista discriminación por motivo de identidad o expresión de género”.
Superando estereotipos…
Además, impulsará medidas para lograr “el efectivo respeto en el sistema educativo de la diversidad afectivo-sexual así como la aceptación de las diferentes expresiones de identidad de género que permitan superar los estereotipos y comportamientos sexistas”.
La cuestión médica…
La ley señala que se debe proporcionar a todas las personas trans los procesos quirúrgicos genitales, prótesis, tratamiento hormonal y cualquiera otra intervención sin que se deban someter previamente a examen psicológico, poniendo la llamada “autodesignación de género” por delante del criterio médico.
Una vez expuestas los nuevos deberes, el texto normativo explica cuáles serán las sanciones que acompañen a cualquier acto de discriminación. De los 200 a 3.000 euros de multa para las sanciones leves, a los hasta 45.000 euros de multa, prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública e inhabilitación temporal para la prestación de servicios públicos para las más graves.
Ideología VS realidad: las frases más disparatadas del debate ‘trans’
Como los acusados en los juicios, los políticos parecen beneficiarios del derecho a mentir. O al menos, a no someter su discurso al tamiz de la verdad.
La diputada podemita Beatriz Gimeno definía la jornada como histórica. Y no le faltaba razón. Porque histórica fue su afirmación de que un texto legal –un conjunto de papeles y normas- legitima la“revolucionaria idea de que las niñas pueden tener pene y los niños vagina”.
Si hasta ahora habían entendido la transexualidad como el proceso de cambio de sexo a otro, por no considerarse la persona transexual identificada con el sexo inicial, ahora Gimeno parece señalar que la identidad de género consiste en legitimar la existencia de niñas, ya saben, “con pene y niños con vagina”.
Es, decía con acierto Gimeno, “una determinada manera de entender el mundo” a la que otras visiones se han opuesto “con mucha dureza”. “Esto pone patas arriba la idea tradicional de que el sexo determina el género”. “Compañeras y compañeros de lucha, hemos ganado”, terminaba Gimeno.
Poco antes, la tribuna de oradores la ocupaba la diputada de Ciudadanos Eva Bórox, que enarbolaba el derecho a “vivir tu propia vida, una vida que reivindico sin sufrimientos”. Ya nos gustaría, pero mucho nos tenemos que, por mucho que se plasme en una ley, el derecho a una vida libre de sufrimientos no lo puede asegurar casi nadie.
Por la tarde, en el debate de la proposición no de Ley presentada por Ciudadanos para instar al Gobierno a impulsar una Ley de regulación de la gestación subrogada en España (vientres de alquiler), la portavoz de Podemos Clara Sánchez Serra señaló que “la mujer gestante debe tener el mismo derecho al aborto que cualquier otra y no tiene que ser penalizada por ello”.
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