Una Iglesia preocupada por defenderse del pago del IBI, por salvar su ‘X’, o por mantener a los miles de profesores de religión que, seleccionados por los obispos, viven del erario público, no tiene la libertad que necesita para predicar el Evangelio, una provocación al mundo de hoy.
El Frente Popular que podría gobernar España si se ponen de acuerdo PSOE y Podemos amenaza con eliminar la religión de las escuelas públicas, cobrar IBI a la Iglesia, derogar el concordato, suprimir el modelo de financiación a través de la X y poner fin a los privilegios económicos de que goza la Iglesia, además de acabar con la convalidación civil del matrimonio canónico. Que no cunda el pánico. Puede ser una gran noticia, la necesaria para la reevangelización de nuestro país.
España ha sido durante siglos una nación vinculada estrechamente al cristianismo, pero eso ya es historia. Hoy vivimos en un país en el que ninguno de los 350 diputados del arco parlamentario defienden abiertamente -o responden a un programa político que los defienda- los principios fundamentales de la moral cristiana.
Sin embargo, la jerarquía de la Iglesia Católica en España no ha tenido en los últimos 30 años la valentía necesaria para promover -o al menos no interferir en ella- la creación de movimientos políticos que trabajen por construir una realidad social acorde con lo que la Iglesia Católica cree, y probablemente sea porque recibe demasiado del estado…
La exención del pago del IBI es una servidumbre más que condiciona las relaciones de los diferentes obispados con los ayuntamientos que les albergan. El arzobispo de Madrid nos da un ejemplo palmario de esta sumisión al poder político a cambio de una mínima exención fiscal.
¿Y qué decir de la convalidación civil del matrimonio canónico y su nulidad? ¿Qué semejanzas tiene un contrato civil que puede romperse por la mera declaración ante notario de una de las partes, sin consecuencias por su incumplimiento? ¿Son acaso los requisitos que se exigen a los contratantes en el matrimonio civil, que pueden ser incluso del mismo sexo, los mismos que los contrayentes? ¿Cuánta gente acude hoy a la nulidad eclesiástica por sus efectos civiles? ¿Cuánta gente se casa por la Iglesia, por sus efectos civiles y por la solemnidad del ritual, y no por contraer un verdadero sacramento del matrimonio, uno e indisoluble? Nadie puede dudar de los efectos positivos que tendria sobre la dignidad del sacramento del matrimonio que se le desvinculara, de una vez, del contrato civil.
La clase de religión no es hoy una herramienta de evangelización sino que, la experiencia así lo testifica, se ha convertido en muchos casos en cadena de favores para laicos clericalizados, cuando no en púlpito para enemigos de la Iglesia. Téngase en cuenta que la clase de religión funciona hoy en España con profesores seleccionados por los obispados y pagados por el estado.
¿Y la X? ¿Perdería mucho la Iglesia si se autofinanciara? ¿Sería más libre si fueran los católicos los que hicieran un sacrificio pecuniario para sostener a sus curas y obispos? Porque, al contrario de lo que muchos aseguran, la X no es una aportación libre de los fieles a la Iglesia, sino una prebenda del estado para con la Conferencia Episcopal. La explicación la entiende cualquiera:
Un ciudadano hace su declaración de la renta y le resulta una cuota a pagar de, por ejemplo, 1.000 €. Su IRPF ya está decidido, y va a pagar 1.000 € al estado. Ahora bien, de esos 1.000 €, que como decimos ya nadie le va a devolver, por lo que ya son dinero público, puede decidir que el estado aporte 7 a la Conferencia Episcopal, o que se los quede el estado. ¿A quién se le ocurrió llamar a esto “aportación libre de los fieles”? ¿No se trata, a todas luces, de una servidumbre de la Iglesia para con el poder político?
Ojalá la llegada de un frente de izquierda radical, sin duda terrible para la libertad de los individuos y las familias, tenga consecuencias positivas para la libertad de la Iglesia, al despojarla de cargas pesadas que nada tienen que ver con su misión de anunciar el Evangelio.
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